La regulación de la educación

En 1990 se produjo en el Uruguay una interesante discusión pública acerca de la conveniencia de incorporar un representante de la educación privada en el órgano máximo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Quince años después aún no se ha hecho nada al respecto, por lo cual no estará de más volver a analizar el tema.

A mi juicio las alternativas más razonables son dos:
· Si la ANEP mantuviera su función de órgano regulador de la educación primaria, secundaria y técnico-profesional, la educación privada debería estar representada en ella, ya que sus disposiciones le conciernen directamente.
· Si, en cambio, como manda la Constitución de la República (Artículo 68), el Estado limitara la supervisión que ejerce sobre las instituciones privadas de enseñanza a los aspectos de higiene, moralidad, seguridad y orden públicos, y respetara su autonomía técnica, la ANEP (como su propio nombre lo indica) debería limitarse a administrar el sistema público de educación y no habría ninguna razón para que la educación privada participara en esa Administración.

Consideramos que esta segunda alternativa es la más adecuada y la única constitucional. El Ministerio de Educación y Cultura debería asumir la función reguladora de la educación y dejar a la ANEP sólo la prestación de los servicios estatales que le corresponden en ese ámbito.

Una situación análoga se da en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha asignado a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) la gestión de dichos servicios y se ha reservado la función reguladora de lo atinente a la salud. La imperfección de esta solución radica en que continúa existiendo una dependencia directa estrecha de ASSE con respecto al MSP, lo cual dificulta la oposición de intereses necesaria en las funciones de control. A pesar de esto, se trata de un precedente relevante.

Una división funcional análoga, sumamente conveniente, tuvo lugar durante el pasado período de gobierno en torno a entes del Estado donde se mezclaban funciones gubernamentales y empresariales. La creación de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (URSEC) y de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA), independientes de las respectivas empresas estatales prestadoras de esos servicios, puso fin a esa perniciosa mezcla.

Se dice corrientemente que el Estado debe defender la educación pública. Es una concepción equivocada, cuya raíz se encuentra en un estatismo anticuado. La función del Estado es cuidar que los ciudadanos reciban buenos servicios de educación (o de salud, de comunicaciones, etc.) por medio de instituciones públicas o privadas, no promover la educación pública en detrimento de la educación privada. Exactamente de la misma manera en que la función del Estado (a través de la URSEC) no es defender a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) de las empresas privadas de telecomunicaciones que compiten con ella, sino velar para que los usuarios reciban un servicio moderno, eficiente y tan barato como sea posible, ya sea por medio de ANTEL o de sus competidoras.

No pensarás

En estos últimos años recrudecieron los intentos de legalización del aborto en el Uruguay. El proyecto de ley denominado eufemísticamente “de Defensa de la Salud Reproductiva", rechazado por el Parlamento durante la pasada legislatura, establecía una amplia libertad de abortar dentro de las primeras doce semanas de embarazo. Analizaremos a continuación una de las estrategias básicas de los partidarios de la legalización del aborto (en adelante, pro-abortistas), la que podríamos sintetizar en este falso mandamiento: “No pensarás”.

Por lo general los pro-abortistas intentan, con gran tenacidad, eludir el debate filosófico acerca de su postura y mantenerse en el terreno de los argumentos "pragmáticos". Usualmente fundamentan esta actitud apelando al relativismo: sería inútil que la sociedad se sumergiera en un debate filosófico acerca de esta cuestión porque no existe una verdad en esta materia y jamás lograríamos ponernos de acuerdo en este nivel. Los pro-abortistas no se dan cuenta de que su postura "pragmática" es también una postura filosófica: la que confunde verdad y bien con utilidad. El problema fundamental del “pragmatismo” es que no incluye una reflexión profunda sobre el concepto de utilidad: ¿la legalización del aborto es útil para quién y para qué?

El intento de ocultar el corazón del asunto es equivocado y vano. Los proyectos de legalización del aborto deben generar y generan un intenso debate en nuestro país. Cabe desear que, en la medida de lo posible, ese debate sea filosófico, es decir radicalmente racional, y ético, es decir centrado en los valores morales que están en juego.

Comenzar por el principio sería una gran contribución a la racionalidad del debate. Y el principio que está en discusión en este asunto es evidentemente el del derecho a la vida de los seres humanos aún no nacidos. Por lo tanto es necesario plantear insistentemente a los pro-abortistas una pregunta muy simple y sumamente pertinente, más aún, ineludible: ¿El embrión o el feto, hasta las doce semanas de embarazo, es o no es un ser humano? ¿Qué responde usted?

No debería resultarles difícil responder, porque esta pregunta sólo admite tres respuestas: sí, no o no sé. Permítaseme sospechar que una falta de respuesta de los pro-abortistas a esta pregunta se debería a su carencia de argumentos válidos. La racionalidad del debate también se vería beneficiada si, dejando de lado la retórica, cada pro-abortista se animara a alinearse clara y honestamente en torno a una de esas tres únicas alternativas posibles.

Fortalecer la familia

La cada vez más amplia evidencia de los graves males sociales que traen consigo las altas tasas de divorcio está generando una gran preocupación en distintos ámbitos políticos de los Estados Unidos de América. De ahí que en ese país estén surgiendo múltiples iniciativas dirigidas a disminuir los divorcios, a fin de fortalecer el matrimonio y por ende la familia y la sociedad. Estas iniciativas, algunas de las cuales ya están siendo aplicadas en varios Estados, incluyen la creación de estímulos fiscales para los matrimonios que alcanzan una determinada duración, proyectos que buscan mejorar la preparación de las parejas que pretenden unirse en matrimonio, reformas legales para evitar un recurso demasiado fácil al divorcio y muchas otras cosas similares. Dos iniciativas que se destacan dentro de este amplio conjunto son la creación del "matrimonio por convenio" (covenant marriage) y la eliminación u obstaculización del divorcio por mera voluntad de los cónyuges (no fault divorce).

Básicamente el "matrimonio por convenio" es un matrimonio civil en el cual la pareja opta por la indisolubilidad matrimonial. Desde el punto de vista del derecho civil, cada pareja debería optar libremente entre el matrimonio convencional (sujeto a la posibilidad del divorcio) y esta nueva modalidad (que excluiría esa posibilidad).

Por otra parte, se percibe cada vez más claramente que el no fault divorce ha causado una trivialización del divorcio, ya que quienes recurren a este expediente no necesitan probar ninguna falta grave de alguno de los cónyuges.

Dado que en Uruguay y en otros países latinoamericanos la situación en esta materia es bastante semejante a la de los Estados Unidos, parece conveniente que sigamos con atención los debates y experiencias que están teniendo lugar en dicho país. Por lo demás parece que ha llegado la hora en que los ciudadanos y políticos católicos, dejando de lado el falso sentimiento de que nada se puede cambiar en torno a las leyes de divorcio, comiencen a buscar con creatividad (aunque sin traicionar sus principios) nuevas formas prácticas de combatir este flagelo que está minando el fundamento de la sociedad.

La educación pública y los valores morales

En los últimos años hemos escuchado a menudo declaraciones de diversos políticos uruguayos acerca de que la educación pública debe estar centrada en los valores morales. Esas declaraciones han sido recibidas con unánime beneplácito. No obstante, parece necesario profundizar el actual debate.

La educación pública pretende ser laica, es decir neutral en torno a las cuestiones religiosas y filosóficas discutidas por los seres humanos; pero las concepciones sobre la moral dependen de las concepciones sobre la persona humana, sobre el sentido de su existencia, sobre el mundo y sobre el ser en general. ¿Qué características tendrán entonces los valores morales enseñados en las escuelas y liceos laicos? ¿Se enseñará allí que existen el bien y el mal, actos humanos buenos o malos en sí mismos? ¿O bien se enseñará que los valores van cambiando con el tiempo en función de las opiniones que prevalezcan en cada sociedad? ¿Qué valores transmitirá la escuela laica? ¿Se hablará de las virtudes? ¿Se intentará transmitir virtudes tales como la humildad, el perdón y la castidad? ¿Qué normas morales se enseñarán en la escuela laica? ¿Qué se dirá sobre las relaciones sexuales extramatrimoniales, las relaciones homosexuales, el aborto, el divorcio, etc.? ¿Se trata de actos buenos o malos? ¿Cuál será el fundamento de la moral enseñada en la escuela laica? ¿Será el imperativo categórico de la moral kantiana (un postulado sin fundamento racional)? ¿O se permitirá hablar de Dios como fin último del hombre?

En todas estas cuestiones la educación laica deberá elegir entre una neutralidad que la hará irrelevante o una toma de posición que los laicistas tradicionales considerarán improcedente. La solución a este dilema es avanzar hacia una mayor libertad de enseñanza. La inclusión de la religión (no meramente de la historia de la religión, que eso ya se enseña, aunque mal) como materia opcional en la educación pública sería un paso en la dirección correcta.

BR